Por Gabriel Iezzi
12/3/2021

CONSENCUENCIAS PENALES Y DE COBERTURA ANTE LA IMPRUDENCIA AL VOLANTE

Hoy día es común encontrarse con varios casos de accidentes de tránsito en los cuales el causante del siniestro que, se encontraba conduciendo a altas velocidades y en estado de ebriedad, abandona a su suerte a las víctimas dándose a la fuga. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias, desde la óptica del derecho del seguro y del derecho penal, de cometer un accidente de tránsito con estos actos de imprudencia y negligencia?

El art. 72 LCS trata la obligación de salvamento la cual establece que el asegurado está obligado a proveer lo necesario, en la medida de las posibilidades, para evitar o disminuir el daño y a observar las instrucciones del asegurador. Si existe más de un asegurador y median instrucciones contradictorias, el asegurado actuará según las instrucciones que aparezcan más razonables en las circunstancias del caso.

Así, queda claro que dicho artículo impone dos cargas:
1. La primera que se debe cumplirse antes, durante y con posterioridad a la verificación del siniestro, consistente en proveer lo necesario en la medida de las posibilidades del asegurado para que justamente no se cause el evento dañoso y si hubiera acontecido al menos actuar para disminuir los daños.
2. La segunda, observar las instrucciones del asegurador.

Esta carga se impone tanto al tomador, al asegurado determinado, como también al asegurado determinable (a quien conduzca con autorización del asegurado determinado), y los respectivos derechohabientes de todos ellos.

Ahora bien, supongamos que una persona en estado de ebriedad omite semáforo en rojo impactando a un peatón, sumado a ello, decide no detenerse dándose a la fuga. Horas más tarde, se encuentra al óbito y se comprueba que su muerte se produjo dos horas luego del accidente producto de las lesiones y a causa de la falta de asistencia médica. Este hecho le traerá al conductor diversas consecuencias tanto penales, como respecto a su cobertura de seguro frente a accidentes de tránsito.

Desde la óptica del Derecho de Seguros, el conductor quien conduciendo ebrio embiste a un peatón y no se detiene para dar auxilio a la víctima, ha incumplido con la carga de salvamento previamente mencionada, lo que significa además del aspecto humanitario prioritariamente fundamental, una clara inconducta contractual.

Sumado a ello, el hecho de conducir en estado de ebriedad, provocando el siniestro, constituye una actitud y conducta configurativa de culpa grave (en los términos de los Artículos 114 y 70 de la ley 17418 de Seguros) de quien provoca el siniestro, dejando fuera del amparo de la cobertura de seguro. En consecuencia, liberando al asegurador de su obligación de indemnizar, ya que tal obrar, además de ser reprochable moral y jurídicamente, acentúa excesivamente la probabilidad del acaecimiento del siniestro, hasta hacer prácticamente desaparecer el factor incertidumbre, requisito esencial en toda relación de seguro.

Desde la óptica del derecho penal, el autor es pasible de ser imputado por delitos tipificados en el Código Penal Nacional. En enero del 2017 se reformó el Código Penal y se introdujeron una serie de modificaciones para los casos en los que por la conducción de un vehículo se produce un accidente de tránsito, entre ellas el agravante ante un delito de lesiones u homicidio culposo por conducción imprudente (artículo 84 bis y 94 bis del CPN). Así, se establece pena de prisión e inhabilitación para quien realizando una conducción imprudente, negligente o antirreglamentaria de un vehículo con motor causa a otro lesiones graves, gravísimas, o la muerte. También, prevé que la pena se agravara si el conductor se diese a la fuga, o no intentare socorrer a la víctima siempre y cuando no incurriera en la conducta prevista en el artículo 106, o estuviese bajo los efectos de estupefacientes o con un nivel de alcoholemia igual o superior a quinientos (500) miligramos por litro de sangre en el caso de conductores de transporte público o un (1) gramo por litro de sangre en los demás casos, o estuviese conduciendo en exceso de velocidad de más de treinta (30) kilómetros por encima de la máxima permitida en el lugar del hecho, o si condujese estando inhabilitado para hacerlo por autoridad competente, o violare la señalización del semáforo o las señales de tránsito que indican el sentido de circulación vehicular, o cuando se dieren las circunstancias previstas en el artículo 193 bis, o con culpa temeraria, o cuando fueren más de una las víctimas lesionadas.

A su vez, a las escalas de pena de prisión se le suma la inhabilitación para conducir que puede ir entre los 5 y los 10 años, y que la pena que defina el juez, también considera agravantes como el exceso de velocidad, el nivel de alcohol en sangre, la alta velocidad superando el máximo permitido, o si no se socorre a la víctima, entre otras. Son varias causas que pueden agravar la pena.

Por último, el actuar encuadraría en el delito de abandono de personas (artículo 106 del CPN) siempre y cuando se compruebe que la persona fue puesta en peligro; y si de dicha omisión (como lo es el abandono) resulta la muerte, la pena podrá ser de cinco a quince años de prisión.

En conclusión, la idea de esta nota es concientizar e informar para que los conductores de vehículos tomen conciencia de la posible exclusión de cobertura y consecuencias penales, de conducir imprudentemente (a excesiva velocidad, bajo los efectos de alcohol, estupefacientes, abandonar a la víctima a su suerte, entre otros), logrando una mejor conducción y disminuyendo los accidentes de transito.



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Hoy día es común encontrarse con varios casos de accidentes de tránsito en los cuales el causante del siniestro que, se encontraba conduciendo a altas velocidades y en estado de ebriedad, abandona a su suerte a las víctimas dándose a la fuga. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias, desde la óptica del derecho del seguro y del derecho penal, de cometer un accidente de tránsito con estos actos de imprudencia y negligencia?