Por Gabriel Iezzi
5/9/2019

DELITOS VINCULADOS A LA RELACIONES PADRES E HIJOS

Hoy trataremos uno de los delitos relacionados a este tema. Se trata del denominado “Incumplimiento de los deberes de asistencia familiar”.

Como punto de partida es importante resaltar que el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, reemplazó el término patria potestad por el de “responsabilidad parental”, siendo esta introducción un verdadero avance conceptual en la materia.

La responsabilidad parental es el conjunto de deberes y derechos que tienen los padres sobre la persona y bienes del hijo en orden a su protección, desarrollo y formación mientras sea menor de edad y no se haya emancipado.

Delito de Incumplimiento de Deberes de Asistencia familiar:

El nuevo Código también introdujo cambios sobre las disposiciones civiles que rigen la obligación alimentaria, repercutiendo esto en los delitos vinculados a ellas.
En este sentido, se prevé una triple relación entre quienes se deben jurídicamente alimentos:
1) Entre los cónyuges, durante la vida en común y la separación de hecho.
2) Entre los parientes en general: es un deber asistencial a lo que el pariente mayor de edad requiere para la subsistencia, habitación, vestuario y asistencia médica (art 541). El pariente debe probar que le se haya impedido de poder adquirirlos sin importar la causa de esta imposibilidad. Y El art. 537 parrafo segundo del CC y Com indica el orden en que los mismos deben ser proporcionados.
3) De los padres con respecto a sus hijos menores de edad. Se trata de un deber mucho más amplio. Comprende la satisfacción de las necesidades de manutención, educación, esparcimiento, vestimenta, habitación, asistencia, gastos por enfermedad y gastos necesarios para adquirir profesión u oficio. La obligación se extiende hasta los 21 años. Y si el hijo se capacita tal obligación se extiende hasta los 25 años, si esta capacitación de oficio u profesión le impide proveerse de los medios necesarios para sostenerse de manera independiente.

El delito está previsto en el art 1º de la Ley 13.944 y dice” Se impondrá prisión de un mes a dos años o multa de quinientos a dos mil pesos a los padres que, aun sin mediar sentencia civil, se substrajeren a prestar los medios indispensables para la subsistencia a su hijo menor de dieciocho años, o de más si estuviere impedido”.

La acción típica es el que se “sustrae” y esto consiste en apartarse o separarse del deber de proporcionar sustento, y se traduce en una omisión, pero no solo es no hacerlo sino en decidir no hacer, por lo que se trata de una omisión deliberada.

Por otro lado, es un delito de peligro abstracto dado que no se debe probar que efectivamente se haya privado de los medios indispensables para la subsistencia ni que haya existido efectivamente esta posibilidad. En este sentido, solo requiere para su configuración que el obligado haya incumplido. Por otro lado, el incumplimiento parcial e insuficiente también configura el delito.

Es importante sí señalar que el imputado debe tener una capacidad cierta de poder afrontar la obligación. Su capacidad debe ser real y concreta, dado que si no es así NO se encuentra obligado a ello. La carga de probar esto está en la acusación (Fiscal) y su carencia (no prueba) determina que es una omisión atípica.

Además es de denotar que se trata de un delito continuado o permanente en el tiempo. Por lo que la consumación cesa cuando el obligado cumple con las cuotas o recaiga sentencia.

Ahora bien, la acción típica es sustraer “los medios indispensables” para la subsistencia del hijo.

Esta expresión medios indispensables se entiende como mínimo de los elementos materiales para que el hijo pueda subsistir. Dentro de esto se incluye: alimento, vestido, habitación, asistencia médica, educación.

Recordemos que el sujeto pasivo (hijo menor o impedido) no debe acreditar la carencia efectiva ni un peligro concreto, basta para la configuración del tipo la posibilidad de poner en peligro los medios necesarios e indispensables para la subsistencia.

Pero en ningún caso será pasible de la sanción el sujeto activo (imputado) desempleado y que carece de medios materiales para hacer frente a su obligación alimentaria si esa carencia es involuntaria. Y tampoco tiene los medios para poder recurrir a la disposición de bienes propios o a terceros para su cumplimiento.

En cuanto al tipo subjetivo del delito, se trata de un delito doloso. Es decir que requiere que el imputado sepa que se encuentra en papel de garante y quiera sustraerse al cumplimiento de la obligación alimentaria. No admite la forma culposa.

¿Quiénes pueden ser los sujetos activos del tipo? De acuerdo a la misma norma legal, son sujetos activos:

Los padres de hijos menores de 18 años o mayores si estos estuvieren impedidos (art 1)
Los hijos mayores en relación a sus padres si estos estuvieren impedidos (art 2 inc a)
El adoptante respecto de los hijos menores de 18 años o mayores si estos estuvieren impedidos y el adoptado mayor de edad con el adoptante impedido (art 2 inc b)
El tutor, guardador o curador para con el menor de 18 años o mayores si estos estuvieren impedidos. O el incapaz (art. 2 inc c)
Los cónyuges entre sí.

Respecto de los hijos estos son matrimoniales o extramatrimoniales como los adoptivos. No es relevante si conviven o no con ellos. O si estos se han casado, unido civilmente. Es decir ninguna de estas circunstancias libera a los padres de la obligación alimentaria.

La obligación alimentaria subsiste aun cuando se prive a los padres de la responsabilidad parental o se suspenda. Por lo que esta circunstancia no excluye la responsabilidad criminal.

En cuanto al hijo extramatrimonial no reconocido, la obligación es debida a partir de la sentencia que reconoce la filiación, es a partir de ahí que surge la obligación.

Son sujetos pasivos del delito: a) el hijo menor de 18 años; b) el hijo mayor de 18 años si este se encontrare impedido; c) los padres y adoptantes impedidos con respecto al hijo mayor de 18 años que no lo estuviere; d) el adoptado, pupilo, insano, y el menor bajo guarda; e) el cónyuge.

Es importante señalar que si bien la ley 26.579 fijó la mayoría de edad a los 18 años, se extendió la obligación alimentaria hasta los 21 años.

En relación al hijo mayor que estuviere impedido, será una cuestión a valorar por el juez en el juicio. Se atenderá a la personalidad del sujeto pasivo; a la índole del impedimento; y a las condiciones del sujeto pasivo para llevar adelante una actividad.

El CC y Com reconoce a la mujer embarazada a reclamar alimentos a favor de la persona por nacer contra el progenitor presunto. Para ello se hará una prueba sumaria de la filiación (art 665).

Concluyendo, hace pocos días, En una causa por impugnación de reconocimiento de filiación, La Sala A de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial de la Pampa confirmó una decisión de grado y ordenó que un progenitor afín continúe abonando una cuota alimentaria y obra social al hijo de su ex cónyuge. La madre carece de recursos y se desconoce el paradero del padre biológico.

En primera instancia se condena al padre afín a pagar cuota alimentaria. El hombre apeló la decisión y señaló que la madre del menor "tiene que gestionar el reconocimiento de la filiación contra el padre biológico para que el niño se vincule con él”, argumentando que se le debe exigir al progenitor “el cumplimiento de los deberes de todo padre biológico”, y que “recién podría legalmente exigírsele su contribución en el caso de que el padre biológico se encuentre imposibilitado de cumplir con la obligación alimentaria”. A su vez el apelante afirmó que la obligación alimentaria “ha cesado, como padre afín, por disolución del vínculo matrimonial y por ello se encuentra solo en cabeza del padre biológico del niño”.

La Sala resolvió que el hecho del desconocimiento del paradero del padre biológico, y la carencia de recursos de la madre, hace que el niño vea disminuido su sustento y ello constituye una excepción prevista en el artículo 676 del Código Civil y Comercial, tal como lo dispuso la sentenciante”. La normativa dispone que la “obligación alimentaria del cónyuge o conviviente respecto de los hijos del otro, tiene carácter subsidiario”, y delimita el cese de esta obligación cuando existe disolución del vínculo matrimonial, salvo ”en un caso como el de marras en el cual el niño se ve claramente perjudicado en su sustento y por ello la prestación alimentaria debe continuar”. "C.OC/C.F y O S/IMPUGNACIÓN DE RECONOCIMIENTO" (expte. Nº 6344/18 r.C.A.),

Otra resolución que resalta el espíritu de la norma analizada es una sentencia de la Cámara de Casación en lo Criminal y Correccional le otorgó la prisión domiciliaria a un interno para que pueda hacerse cargo del cuidado de sus dos hijos menores. (107219/2008/EP1/1/CNC1, caratulada “R., M. Á. s/ incidente de prisión domiciliaria”) Para los magistrados, resultó arbitraria la resolución que rechazó el pedido de prisión domiciliaria realizado porque prescindió "de toda consideración en el caso en particular del interés superior del niño -reconocido como un derecho y como un principio jurídico interpretativo fundamental-, ningún esfuerzo de argumentación realizó para justificar por qué la norma en cuestión es inaplicable al caso.

Sintetizando todo lo dicho, es imperante que la justicia trate estos temas con el rigor y delicadeza necesaria para que la solución sea principalmente en favor de los niños, cuidando y protegiendo sus derechos indispensables. Otorgándoles preeminencia frente a cualquier otro derecho o reclamo.-



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