Por Gabriel Iezzi
1/4/2019

DELITOS DE MENOR CUANTIA

Delitos de menor cuantía. La insignificancia en el derecho penal

El planteo que hoy traigo a debate es el relacionado con los delitos que por su mínima afectación al bien jurídico que se pretende tutelar a través de la norma penal, deben quedar excluidos del universo penal. Anteriormente, existían sentencias judiciales que aferrándose al tipo formal punían conductas que por su escasa lesividad al bien jurídico, era irracional que fueran materia de investigación.- Es decir, conductas que afectan de manera escasa al bien juridico (propiedad, integridad física, libertad, entre otros) no deberían revestir la entidad suficiente para ser tratadas como ilícitos y pasibles de sanciones penales. Esta discusión tiene relación muchas veces con la coyuntura social y lo que en determinado momento clama la sociedad por justicia, y va de la mano con la finalidad o telios del Derecho Penal. Claramente, el Derecho Penal es el último brazo del Estado para proteger lo que la sociedad considera como “valioso”, como indispensable para garantir la conservación del orden social. Todo lo que no puede ser resuelto por otras ramas del derecho, como la civil, administrativa; cae dentro de la esfera del Derecho Penal. Sin embargo, acá resaltamos el principio de insignificancia que permite excluir desde el inicio afectaciones de poca importancia. Se trata, según Roxin en su libro “Política criminal y sistema del Derecho Penal” de un principio de validez general para la determinación del injusto. Es un soporte interpretativo del tipo, con el fin de reducir la criminalidad. Cuál es la importancia de marcar el principio de la insignificancia? La respuesta viene dada por la NO intervención del derecho penal en cuestiones menores que pueden ser resueltas de manera privada entre las partes, recurriendo a los sistemas actuales y tan en boga de composición del daño y mediación entre las partes. El fin es quitar temas de menor envergadura del aparato represor del estado, resaltando la falta de merecimiento de una penal, en injustos con poca afección a bienes jurídicos. En este sentido, aplaudimos la reforma al Código Procesal de la Nación que recogió el sistema de mediación penal que viene utilizándose en Provincia de Buenos Aires. Así la Ley 13.433, y que permite que el Ministerio Publico utilice mecanismos alternativos de resolución de conflictos: la mediación y la conciliación a los fines de pacificar el conflicto, intentando procurar la reconciliación entre las partes, posibilitando la reparación voluntaria del daño causado, y evitando la revictimación, promoviendo la autocomposición del daño y terminando en este ámbito, cuestiones que anteriormente eran tratadas dentro del proceso penal, con todo el desgaste en tiempo y dinero que acarreaba al sistema judicial. En la actualidad, el Derecho Penal está orientado a la mínima intervención, limitando el poder punitivo del Estado, y queda limitado a actuar en aquellos casos muy graves de lesión a bienes jurídicos relevantes Entra en juego también el llamado principio de oportunidad vinculado o fundamentado en razones de capacidad operativa del aparato de persecución, donde el juzgado o el actor a cargo de la investigación o persecución de los delitos, es quien define o delimita cuáles delitos por su escasa entidad lesiva quedan fuera o desvinculados de la investigación criminal, considerando la menor culpabilidad o escasa reprochabilidad del injusto. En conclusión, estamos caminando por un Derecho Penal más estricto, con menos intervencionismo, dejando en manos de los particulares resolver cuestiones menores que no ameritan ingresar por su escasa capacidad lesiva dentro de la órbita penal.



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